Van muy pocas semanas desde que recibimos un nuevo golpe a la confianza pública. Esta vez, la noticia que ha copado titulares y grupos de WhatsApp tiene la forma de un número abultado y alarmante: más de 25.000 funcionarios públicos habrían viajado fuera del país haciendo uso de licencias médicas. La Contraloría General de la República no tardó en reaccionar, instruyendo sumarios administrativos en diversos servicios del Estado. Lo que está en juego no es solamente la legalidad de ciertas conductas individuales, sino la legitimidad misma del servicio público como vocación y pilar democrático.

Frente a la indignación generalizada, muchas veces espontánea y también justificada, se hace urgente una “bajada” de lo público. Comprender qué es un sumario administrativo, qué etapas contempla, qué derechos resguarda y qué sanciones puede implicar, es, hoy por hoy, un deber ciudadano. Porque solo conociendo las herramientas institucionales podremos exigir con criterio, defender la inocencia cuando corresponda y sancionar con justicia cuando así lo determinen los hechos. De otro modo, la opinión pública puede, fácilmente, transformarse en una cacería de brujas.

El Estatuto Administrativo

La Ley N°18.834, que establece el Estatuto Administrativo para los funcionarios de la administración del Estado, regula el procedimiento disciplinario al interior de los servicios públicos. En ese marco, el sumario administrativo no se debiera tratar de una caza de brujas ni un espectáculo punitivo, sino un procedimiento formal destinado a esclarecer si un funcionario ha incurrido en una infracción a sus deberes, y eventualmente aplicar una sanción. No toda investigación termina con castigo. Y no todo castigo se dicta sin garantías para el involucrado.

Existe una distinción inicial clave: la diferencia entre una investigación sumaria y un sumario administrativo. La primera es un procedimiento más acotado, que se utiliza cuando los hechos parecen evidentes o no revisten mayor complejidad, y su finalidad es indagar rápidamente si corresponde o no formular cargos. Si se advierte mayor gravedad o si los antecedentes así lo ameritan, se da paso al sumario administrativo, una investigación formal más extensa que contempla una serie de etapas con resguardos legales claros.

El Proceso Sumarial

Todo sumario comienza con la designación de un fiscal instructor, normalmente un funcionario del mismo servicio con jerarquía y competencias suficientes. Este fiscal debe constituirse, notificar su nombramiento, y desde ahí iniciar la etapa indagatoria. En esta etapa se puede citar a declarar a testigos, solicitar documentos, ordenar pericias e incluso dictar medidas preventivas, como la suspensión del funcionario investigado mientras dure el proceso, si su permanencia en el cargo puede entorpecer la investigación o implicar un riesgo institucional. Esta suspensión no es una sanción anticipada, sino una medida precautoria, y debe estar debidamente fundada.

Uno de los momentos más críticos de la etapa indagatoria es el apercibimiento, esto es, la notificación formal al funcionario de que se está instruyendo un procedimiento en su contra. Desde ese momento, el funcionario tiene derecho a conocer los antecedentes, contar con defensa y aportar pruebas. Si la investigación no logra acreditar hechos constitutivos de falta, el fiscal puede proponer el sobreseimiento, cerrando el proceso sin cargos. Si, en cambio, existen antecedentes suficientes, se formulan cargos.

Ya en la etapa acusatoria, el funcionario recibe una notificación formal de los cargos en su contra. Aquí comienza el plazo para presentar descargos, una defensa escrita en que puede argumentar, ofrecer pruebas, contradecir lo planteado por el fiscal o invocar eximentes. Se abre luego un periodo de prueba, donde se reciben y valoran los medios probatorios. El fiscal emite entonces una vista fiscal, un informe final que propone una sanción o la absolución, y que debe ser valorado por la autoridad competente para dictar la resolución final.

Esa resolución puede adoptar distintas formas: puede dictarse una sanción (que va desde una amonestación verbal hasta la destitución), una absolución si no hay mérito suficiente, o un sobreseimiento por razones de fondo o forma. Esta resolución debe estar debidamente fundamentada. En casos donde el funcionario ya no trabaja en la institución, pero los hechos se relacionan con su anterior cargo, el sumario puede igualmente continuar, y la eventual sanción comunicarse al nuevo empleador público, si existiera. El principio de responsabilidad administrativa no caduca simplemente con la renuncia o el traslado.

Y esto es relevante para entender lo que está ocurriendo. En muchos de los casos de funcionarios cuestionados por licencias médicas que coincidieron con viajes internacionales, han optado por renunciar, probablemente con la intención de eludir la exposición pública o las consecuencias administrativas. Pero conviene dejar claro que la renuncia no extingue la responsabilidad, ni administrativa, ni civil, ni penal. El sumario puede seguir su curso. La Contraloría, como órgano superior de control, puede seguir fiscalizando, y el Ministerio Público también puede tomar cartas si los hechos revisten carácter de delito, por ejemplo, fraude al fisco.

Educar la probidad

Ahora bien, todo este andamiaje institucional tiene sentido sólo si lo comprendemos en su justa dimensión. Los sumarios no son linchamientos ni trámites automáticos. Son herramientas de la administración para resguardar la probidad, pero también los derechos de los trabajadores. Un sumario serio, con debida contradicción, con pruebas valoradas objetivamente, con tiempos razonables, no solo castiga. También educa. Restituye confianza. Instruye a otros sobre lo que no se debe hacer.

Y aquí quiero detenerme en una arista quizás más incómoda. Porque cada vez que estalla un escándalo de esta naturaleza, emerge también una corriente populista que arrasa con todo lo público: “todos los funcionarios son flojos”, “el Estado es una bolsa de empleo para los zánganos”, “hay que privatizarlo todo”. Esta generalización injusta no solo hiere la dignidad de miles de trabajadores que día a día sostienen escuelas, hospitales, oficinas municipales y servicios que son esenciales para la vida en comunidad, a la vez que debilita la idea misma de lo público como espacio de construcción colectiva.

La probidad no es enemiga del orgullo institucional. Por el contrario, cuanto más alto sea el estándar ético que exige el Estado, más fuerte debe ser su defensa cuando es atacado injustamente. Hay que investigar, sin duda. Hay que sancionar con firmeza cuando se confirma la falta. Pero también hay que cuidar la legitimidad del aparato público. Y eso no se hace desde el prejuicio ni desde el sensacionalismo, sino desde la información, la educación, el ejemplo; porque los servicios públicos no son inventos innecesarios ni burocracia vacía. Están habitados por personas. Muchas de ellas trabajan con dedicación incluso en condiciones adversas, con sueldos bajos, con exigencias desbordadas. Algunas cargan mochilas enormes de sentido: educar, sanar, proteger, orientar. No son héroes, pero tampoco villanos. Son parte de ese contrato social que nos permite vivir en sociedad. Y si el servicio público tiene que limpiarse de prácticas nocivas, debe hacerlo sin perder su alma.

Los sumarios administrativos son una forma de cuidado. De los recursos públicos, de las normas, de las personas que se relacionan con el Estado. A la vez, se transforman en una oportunidad de mejora. Tal vez, tras este escándalo, podamos conversar de sanciones, de cómo se tramitan las licencias médicas, de cómo se supervisan, de qué incentivos perversos operan, de qué vacíos existen en los servicios para evitar abusos. Tal vez, incluso, podamos fortalecer la carrera funcionaria, profesionalizar la gestión del personal, y devolverle al Estado algo que nunca debió perder: su vocación de excelencia.

Que se investigue, sí. Que se sancione, si corresponde. Pero que no se condene a todo un sistema por los errores o delitos de unos pocos. Porque defender lo público también es un acto de responsabilidad colectiva. Y porque, al final del día, no hay sociedad justa sin un Estado ético y fuerte. Y no hay Estado fuerte sin funcionarios que crean en lo que hacen, y ciudadanos que sepan por qué vale la pena defenderlos.